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Recién un grupo de siete sacerdotes en Costa Rica avisaron que el Tribunal Suprema Electoral de este país falló por no imponer las debidas sanciones a graves infracciones de la ley electoral por parte de los partidarios del actual presidente Oscar Arias durante las elecciones de 5-2-2006 y el referéndum que se organizó para decidir si el país firmara un Tratado de Libre Comercio con Estado Unidos en 7-10- 2007. El detalle del informe de los sacerdotes que se fundamenta en el aporte de investigadores, y que apunta a las elecciones venideras de 2010, es un buen ejemplo de cómo el periodismo y la investigación pueden incidir en la opinión pública y en la construcción de ciudadanía. Esta denuncia confirma lo que sabemos, que uno de los graves problemas, si no el más grave de los problemas, de la democracia en América Latina consiste en la falta de control de los organismos gubernamentales por parte de sus poblaciones.
El Tribunal Suprema Electoral puede subsumirse como tan solo una de tantas instituciones gubernamentales que necesitan de una permanente vigilancia por parte de la sociedad civil. La división de tres poderes, la judicial, la legislativa y la ejecutiva, ha sido una de estas ideales que no se logró concretizar en América Latina; a menudo tan solo funcionaba como mascara para convencer, a los dentro del país como a los en el exterior, que aquí si exista democracia. En gran parte del continente la justicia tan solo corresponde a los ricos que la pueden pagar, cuando los diputados o parlamentarios suelen desviarse por los muchos caminos ajenos a la voluntad y al control de las personas que les eligieron. Dentro el difundido sistema presidencial en América Latina, el ejecutivo, por su parte, está en una sempiterna búsqueda de asegurarse y de adueñarse del apoyo de los dos otros poderes mencionados, para compensar a su falta de hegemonía en el parlamento.
Desde este trasfondo de la historia del continente no resulta difícil adivinar al camino que debemos recorrer para poder implementar una mejora de democracia. La tan alabada ciudadanía no puede quedarse suspendida en el aire como la ‘inteligencia sin ataduras’ (der freischwebende Intelligenz) de que nos hablaron los sociólogos alemanes del siglo pasado. El avance medido en calidad de democracia se realiza por involucrar ciudadanos en la vigilancia y el control de las instituciones constitucionales, que atañan a los tres poderes mencionados, una vigilancia de la sociedad civil que se debe extender para abarcar a una variedad de instituciones que dependen del estado.
Con ello no quiere restar importancia a las organizaciones e instituciones independientes que se han creado al margen del estado, en primer plano la gran cantidad de Organizaciones No Gubernamentales, que se encargan de funciones semejantes de vigilancia de los organismos gubernamentales y que han propuesto, y representado, valiosas alternativas en el terreno de la democracia y de la ciudadanía. Estimo que su papel ha sido crucial, particularmente en tiempos de dictadura y este otro tiempo del predominio de políticas neoliberales, y que sigue siendo determinante hoy en el sentido de conservar espacios autónomos de creatividad y de experimentación a nivel de la construcción de ciudadanía y democracia, que no incumben a la intervención estatal.
Pero el tiempo que estamos viviendo -yo diría el tiempo feliz del cuestionamiento del predominio de la época neoliberal que no aportó nada a la mayoría de los países latinoamericanos, si no, tal vez, este proceso de concientización- nos impone otras prioridades. Y es lógico que estas prioridades se dirijan a la reconstrucción del estado y sus organismos que salieron tan debilitados por la implementación del criterio neoliberal. No se trata aquí de ocultar a la histórica debilidad de los estados latinoamericanos plagados por una endémica corrupción, un justificado elemento de la crítica del programa neoliberal. Pero la solución a ella no es la casi liquidación del estado, como la evidenciamos en las últimas décadas, sino su fortalecimiento bajo la vigilancia de la ciudadanía. Involucrar a la ciudadanía en la política gubernamental tiene esta otra aventaja, de formar y capacitar la sociedad civil en lo que son los abundantes y muy reales problemas de nuestras naciones, y de impedir esta especie de facilismo y escapismo que tanto se ha propagado, últimamente, por la descalificación de la política.
Así también se percibe el camino en el ámbito que nos ataña, el de la comunicación. Este camino es que nos empeñamos que los logros de la comunicación alternativa se extienden para asegurar el debido control estatal del recurso estratégico de la comunicación, un control incentivado y vigilado por la ciudadanía. Es lo que se refleja también en la mayoría de los aportes teóricos de este Mutirão, de las cuáles mencionaré algunas sugerencias para poder implementar a este control estatal y ciudadano. Martín A. Becerra, por ejemplo, se preocupa de la alta concentración mediática y como es que un estado puede regular a estas tendencias. Si ya se considera, arguye, que es alta al superar un promedio de 50% del control de un mercado por parte de los cuatro primeros operadores, y un 75% por los ocho primeros operadores, es preocupante que se superan considerablemente esos porcentajes en América latina. Los altos niveles de concentración de la propiedad de los medios en la región fueron, dice, facilitados por la adopción de políticas de corte neoliberal, que ocasionaron la erosión de la intervención estatal en los sectores info-comunicacionales.
Guillermo Mastrini, por su parte, propone revisar el concepto del ‘servicio público’ como una actividad impulsada por la sociedad civil, y considerada de interés general para la comunidad, y qué, por tal razón, debe ser reconocida y garantizada por el estado. En el ámbito de la comunicación esta forma de servicio público fue desarrollada en la organización radial y televisiva de la Europa de la posguerra, distinguiéndose del modelo comercial norteamericano. Funcionó en base de la asignación de cuotas radiales y televisivas a emisoras que representaban a importantes sectores de la población como, los protestantes, católicos, socialistas y humanistas, en Holanda, por ejemplo. Cualquier de ellos era obligada de destinar importantes cuotas de su tiempo a trasfondos de noticias y espacios culturales, por ejemplo. El servicio informativo de las empresas, a pesar de su condición privada, estatal o mixta, agrega Rosa Elayza, representa un servicio público que debe aportar a una labor democrática, y necesita, como tal, ser regulado tanto por el Estado como por la sociedad. Por ello no se le puede considerar suficiente que la sociedad civil se limita a abonar a una “lógica alternativa de medios de comunicación” para contrarrestar los efectos de la acción informativa en la política y en el Estado.
En varios países como Paraguay y Ecuador están por implementarse nueves leyes de comunicación en base que reflejan los cambios políticos de esta década. La recién propuesta ley de comunicación en Argentina, comentado en el artículo de Florencia Copley nos da unas pautas de los cambios que se pueden introducir a que el campo de comunicación sea devuelta a la ciudadanía. La autora resalta que los comunicadores y militantes de organizaciones sociales de la Argentina lucharon 25 años por una nueva legislación para los sistemas de comunicación. Finalmente, la Coalición por una Radiodifusión Democrática, iniciativa surgida en el año 2004 de la convergencia de organizaciones, instituciones, sindicatos, organismos de Derechos Humanos y radios comunitarias, logró que los 21 puntos por el Derecho a la Comunicación acordados en ese espacio hace cuatro años fueran contemplados en el Proyecto de Ley.
Entre los puntos más sobresalientes de la propuesta de ley, que todavía está siendo discutida, cabe mencionar la “retransmisión o emisión televisiva de determinados acontecimientos de interés general como los deportivos en directo y de manera gratuita en todo el territorio nacional” y la exigencia de una programación propia”; un régimen de concurso abierto y permanente para otorgar las licencias de emisoras, audiencias públicas para la renovación de licencias y limitaciones a la transferencia de licencias. Las emisoras deben destinar cuotas a la producción nacional y a la transmisión de producciones nacionales, y necesitan cumplir con cuotas obligatorias de producción propia. Por su parte, los licenciatarios de los sistemas de televisión por suscripción deben cumplir con la incorporación de señales locales. También se estipula un número máximo de licencias que pueden ser prestadas por un solo sujeto y la imposibilidad de que un solo prestador controle más del 35% a nivel nacional de todos los servicios de abonados o habitantes.
Otras de las cuestiones relevantes de la nueva ley en Argentina son la creación de un ‘Registro Público de Licencias y Autorizaciones’ y ‘el Registro Público de Señales y Productoras’, como el establecimiento de una “cuota de pantalla del cine nacional . Por fin cabe resaltar a la propuesta de cuotas específicas de espectro de la comunicación orientada a fines sociales en qué se destina el 33% de las localizaciones planificadas, para personas de existencia ideal sin fines de lucro, y la creación de un ‘Fondo Producción de Programas de Televisión de Calidad para Niños, Niñas y Adolescentes’. Estimo que estas propuestas y otras más caben en esta reorientación de nuestra que se enfoca en la vigilancia de la ciudadanía mediante el control estatal de este campo que el gobierno ecuatoriano en su nueva constitución ya calificó como recurso estratégico, el de la comunicación.
Costa Rica: Sacerdotes católicos ponen en duda pureza electoral para 2010:
Los otros autores en: Foros Mutirão de Comunicacâo:
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