Quito, Ecuador, 4 de diciembre (OCLACC).- No se puede archivar una oportunidad histórica para aprobar una ley de comunicación expresó el catedrático universitario y comunicólogo Hernán Reyes. Así lo dijo al intervenir en el foro organizado por la Asamblea Nacional, este jueves 3 de diciembre. En el evento intervino el argentino Néstor Busso, Presidente del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, quien insistió en que el "Estado debe garantizar el derecho a la comunicación como lo es la salud o la educación".

Los medios desnaturalizan el debate
Según Hernán Reyes, la propuesta de ley de la comisión ocasional de la Asamblea presenta una serie de fallas estructurales, en su contenido, porque el trabajo de la Comisión no se llevó de una manera metodológica para tomar en cuenta los criterios de la comisión consultiva ni de la ciudadanía, y se sintió también sometida a una presión desmedida e innecesaria de muchos medios de comunicación, que finalmente enrareció el debate, señaló.
Cuestionó también la adjetivación que hacen los grandes medios al calificar al proyecto como ley mordaza, y el ataque personalizado a los proponentes de los proyectos. Los "medios de comunicación se crearon para abrir y generar debate e informar a la sociedad", pero los medios decidieron enfrentar la propuesta a través de "un ataque feroz" y una "amplia campaña para desnaturalizar el debate".
La ley es un mandato constitucional
De igual manera, el periodista Miguel Rivadeneira, director de Ecuadoradio dijo no compartir el informe de la comisión, y consideró que no es necesario "discutir si el proyecto de ley se tramita o no, porque es un mandato constitucional".
El comunicador dijo que es importante defender que en la ley se respeten principios irrenunciables que se incluyen no solo en la constitución sino en los convenios y declaraciones internacionales, como la Declaración universal de los DDHH, la Convención de San José, como el principio de libertad y opinión de todos, no solo de periodistas y medios, señaló.
Rivadeneira cuestionó también que los decretos ejecutivos estén por encima de la ley al constar que este gobierno eliminó el Consejo Nacional de Radio y Televisión, CONARTEL, por decreto. Además expresó su extrañeza de que hasta el momento no se apliquen las recomendaciones de la Comisión Auditora de frecuencias.
No al título profesional...
Por su lado, Gissela Dávila, Secretaria Ejecutiva de CORAPE, defendió que en el debate de la ley de comunicación participe toda la sociedad, porque el derecho a la comunicación no es facultad exclusiva de comunicadores, o abogados, sino de toda la ciudadanía.
Destacó la movilización emprendida por CORAPE, con el apoyo de ALER y AMARC para recoger las propuestas e inquietudes ciudadanas en torno a la ley de comunicación. Según dijo, la población tiene claro que la comunicación va más allá de los micrófonos y pantallas y que demanda medios que actúen con responsabilidad social.
"Apoyamos que exista una ley", pero no "apoyamos la exigencia de un título para ejercer el derecho a la comunicación", agregó. Así también demandó que en el proyecto se incluya disposiciones legales que garanticen la distribución equitativa de frecuencias, que evite la concentración.
Resaltó el pronunciamiento del colectivo social conformado por más de veinte organizaciones que en una Carta abierta se pronunció también por la necesidad que se apruebe la ley y rechazó la campaña mediática de los grandes medios.
Todos somos culpables...
Entre tanto, Fernando López, Decano de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central, FACSO, enfatizó en que todos "somos responsables" para que no se tenga un buen proyecto de ley de comunicación. Responsabilizó a la SIP por promover campaña mediática descomunal para impedir la ley. También son responsables la AEDEP, AER, y "nosotros también", dijo, al enfatizar que el "gobierno es responsable por enviar un proyecto tan malo, y no haber escuchado las propuestas que se le presentó".
Rechazó las tesis que piden que se archive, porque ello significaría "volver a cero, y ceder a la campaña mediática de SIP para abajo", dijo.
"Debemos cambiar la estructura dominante en Ecuador, y eso pasa por el contenido de la ley tiene que modificarse, tiene que concebirse a la comunicación no como mercancía, y que se enmarque en la constitución, que debe ser anti monopólica, y que tiene que garantizar acceso a medios a todos", enfatizó.
Defendió una institucionalidad del sistema de comunicación a través de un ministerio de comunicación, pero como contrapeso un consejo no gubernamental, sino social que tenga un carácter vinculante. "No se puede permitir ni pensar que la comunicación esté pensada en forma sistémica", remarcó.
Estado debe garantizar el derecho a la comunicación
Finalmente, el argentino Néstor Busso, Presidente del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, compartió la experiencia vivida en Argentina previo a la aprobación de la Ley de servicios audiovisuales.
Cuestionó la deliberada confusión con que se pretende hacerle creer a la población que libertad de prensa sea igual que "libertad de expresión o comunicación, por quienes defienden la libertad de empresa".
"Los estados tienen la obligación de garantizar la comunicación tal como la educación, salud, vivienda", insistió, al aclarar que el Derecho a la comunicación incluye varios derechos, como la libertad de expresión que es un derecho universal y que por lo tanto los estados deben garantizar este derecho para todos, y garantizar la pluralidad de voces.
El Estado debe favorecer la expresión de los sectores más débiles, y limitar a quienes quieren monopolizar, a los poderosos, al destacar la necesidad de que se aprueben leyes que pongan límites a los medios. Hay que tener claro que una Ley no se debe a un antojo de un gobierno sino que debe ser entendida como un producto de la correlación de fuerzas, dijo.
Defendió la necesidad que los Estados administren el espectro radioeléctrico, que es un recurso de todos, con la finalidad de acabar con monopolios.

En el evento participaron Hernán Reyes, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar; Fernando López, Decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad Central y coordinador del Foro Ecuatoriano de la Comunicación; Gissela Dávila, Secretaria Ejecutiva de la CORAPE; Miguel Rivadeneira, Director de Ecuadoradio, y Néstor Busso, presidente del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual de Argentina. No asistió el periodista y editor de opinión del Diario El Comercio Rubén Darío Buitrón.