La concentración de frecuencias atenta contra la libertad de expresión

José Ignacio López VigilPorto Alegre, Brasil, 26 de mayo (MUTICOM).- "La libertad de expresión no es un privilegio de los periodistas, y mucho menos de los empresarios dueños de los medios. La libertad de expresión es un derecho universal reconocido en el artículo 19 de la Carta de Derechos Humanos", recordó José Ignacio López Vigil al señalar que la concentración de frecuencias de radio y televisión constituye el mayor atentado a la libertad de expresión.

Cuando alguien lee un titular sensacionalista como: "Atentado a la libertad de expresión" con seguridad van a pensar que "un periodista ha sido golpeado o en un medio de comunicación censurado", pero es posible que ni se pase "por la cabeza que el mayor atentado contra la libertad de expresión que se comete en Ecuador (y en toda América Latina) consiste en la forma arbitraria para concentrar las frecuencias de radio y televisión", dijo en diálogo con MUTICOM.

Concentración en la propiedad en las comunicaciones y relaciones de poder es uno de los sub- ejes que se abordará en el Mutira Latinoamericano y Caribeño de comunicación que se llevará a cabo en Porto Alegre, Brasil, del 12 al 17 de julio próximo.

Sobre este tema, José Ignacio López cuestionó que durante décadas las concesiones de las frecuencias de radio y televisión se "han entregado a los amigos políticos del gobierno de turno", y que otro mecanismo "ha sido la compra-venta de frecuencias, que son un bien público".

Según resaltó, la concentración de frecuencias tiene mucho que ver con la libertad de expresión porque viola el artículo 19 de la Carta de Derechos Humanos que afirma que toda persona tiene derecho a estar informada y a informar. Derecho a recibir y a emitir. "No basta con la opción de apagar el televisor si el programa no me gusta. Ni con cambiar de emisora si encuentro tendencioso su noticiero. El derecho a informar supone también el acceso en igualdad de condiciones a las frecuencias de radio y televisión, tal como lo reconoce la nueva Constitución en Ecuador", explicó.

Para José Ignacio, "las organizaciones sociales, indígenas, afrodescendientes, campesinas y barriales, los grupos juveniles, las redes de mujeres, las universidades, los sindicatos, tienen derecho a ser operadores de radios y televisoras. Estas asociaciones civiles deberían poder desarrollar medios pluralistas, comunitarios, no sometidos al Estado ni al Mercado. Pero este derecho siempre les ha sido negado".

El comunicador y radialista que integró la Comisión para la Auditoría de las Concesiones de Frecuencias de Radio y Televisión del Ecuador, conformada por decreto ejecutivo firmado por el presidente Rafael Correa, según el mandato constitucional (transitoria 24), explicó que esta comisión ha revisado y descubierto muchas irregularidades cometidas desde 1995 hasta la fecha.

Tras la presentación del informe final y "cuando sus conclusiones posiblemente no sean del agrado de los grupos monopólicos, no faltarán voces que acusen al gobierno de atentar contra la libertad de expresión", dijo López Vigil tras destacar que por el contrario, "el mecanismo empleado por CONARTEL para la concesión de frecuencias ha representado durante años un gravísimo atentado contra la libertad de expresión del conjunto de la ciudadanía ecuatoriana. Porque, como dicen los spots radiales de la Comisión, "frecuencias bien repartidas, libertad de expresión asegurada", concluyó.