Washington, D.C., 24 oct 12 (OCLACC).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH urge al Estado de Guatemala realizar las investigaciones iniciadas por parte del Ministerio Público, y a procesar y sancionar a las personas que resulten responsables de la muerte de seis personas, indígenas k'iche's de los 48 Cantones de Totonicapán, Guatemala.

De acuerdo a información de público conocimiento, el 4 de octubre de 2012, un grupo de manifestantes bloqueó la Carretera Interamericana, en el tramo conocido como Cuatro Caminos, en el Departamento de Totonicapán, en el contexto de una protesta contra reformas públicas. Según la información disponible, seis personas habrían muerto y aproximadamente 30 habrían resultado heridas en el marco de un operativo de desalojo implementado por las fuerzas de seguridad estatales: Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército.

El Ministerio Público de Guatemala informó que las personas que resultaron muertas, todos indígenas k'iche's de los cantones de Totonicapán, fueron José Eusebio Puac Barreno, Santos Hernández Nicolás Menchú, Rafael Nicolás Batz Menchú, Jesús Baltazar Caxaj Puac, Arturo Félix Sapón Yax y Jesús Francisco Puac Ordóñez. Asimismo, se ha recibido información que indica que producto de estos mismos hechos estarían desaparecidos Domingo Pascual Solís, Jesús Domingo Caniz y Domingo Pablo Puac Vásquez.

El 11 de octubre la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, Claudia Paz y Paz Bailey, presentó los resultados de la primera fase de investigación. Informó que se identificaron algunos responsables y que se iniciarán las acciones legales correspondientes para procesar a miembros del Ejército a quienes se consideraría responsables de ejecución extrajudicial y lesiones, entre otros cargos.

La Relatora sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, Comisionada Dinah Shelton, dijo al respecto: "La CIDH valora la acción del Ministerio Público. Ahora es fundamental que las investigaciones continúen hasta esclarecer todos los hechos, y que se determinen las responsabilidades penales correspondientes. También resulta de primordial importancia que las autoridades de Guatemala adopten mecanismos para evitar el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes públicos en marchas y manifestaciones de protesta".

Como ha manifestado la CIDH: "La criminalización de la legítima movilización y protesta social, sea a través de represión directa a los manifestantes, o a través de investigación y proceso criminal, es incompatible con una sociedad democrática donde las personas tienen el derecho de manifestar su opinión".

El 16 de octubre de 2012, la Comisión Interamericana envió una solicitud de información sobre estos hechos al Gobierno de Guatemala. La CIDH continuará dando estrecho seguimiento a estas investigaciones.

Con información de la CIDH