Madrid, España, 8 ago 12 (OCLACC).- El Gobierno ha remitido a las comunidades autónomas un proyecto de orden por el cual desde el 1 de septiembre los inmigrantes ilegales se quedarán sin derecho a la atención sanitaria salvo que paguen 710 euros al año -59 euros al mes-. Los mayores de 65 años deberán pagar 1.864 euros anuales. Medida rechazada por Cáritas en España.

Para Cáritas, esta medida "supone un cambio de modelo" que afecta fundamentalmente a "las personas más desprotegidas, tanto a ciudadanos españoles como a ciudadanos comunitarios (modificando los requisitos para obtener autorización de residencia), aumentando la estigmatización de los colectivos más vulnerables y con mayor riesgo de exclusión social (como jóvenes desempleados, personas afectadas por enfermedades infecto-contagiosas, personas con discapacidad, enfermos de entornos rurales), así como de los ciudadanos extracomunitarios en situación irregular".

Según explica en una nota de prensa, Cáritas insta al Gobierno y partidos políticos a una "reflexión" sobre el derecho a la salud y las consecuencias sobre este 'Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones', aprobado en el Congreso de los Diputados.

Ante la propuesta de esta nueva medida, Cáritas destaca, que estas decisiones están siendo tomadas "sin la debida reflexión que permita la evaluación del impacto sobre el sistema de garantías de derechos en el que se sustenta nuestra sociedad, ni de su repercusión sobre los ciudadanos más débiles a los que también el Estado debe garantizar sus derechos fundamentales, ya que afecta a un cambio de modelo que desprotege aún más si cabe a las personas más vulnerables".

En lugar de favorecer la articulación de una sociedad de acogida, integrada y diversa, estas medidas "alimentan un discurso reduccionista y lleno de riesgos, según el cual las personas migrantes que conviven y forman parte de nuestras comunidades son los responsables del deterioro socioeconómico actual, en vez de considerarlas las primeras y principales víctimas del mismo, tal y como lo comprobamos a diario en nuestros servicios de acogida y atención", explica la nota de prensa.

Fuente: hispanidad.com